María Guadalupe supo de inmediato que se trataba de su hijo cuando vio un rasgo distintivo en la dentadura de uno de los cuatro cuerpos calcinados. Los restos carbonizados estaban dentro de su auto y aquel detalle le confirmaba que se trataba de David Basilio. Sus dos hijos fueron asesinados hace siete años por policías municipales de Piedras Negras, Coahuila; no tiene duda de que fueron los agentes, porque cuando “levantaron” a los jóvenes hermanos estaban con ellos la nuera y la nieta de María Guadalupe a quienes liberaron y tiempo después pudieron identificar a una de las camionetas de las que se bajaron los asesinos vestidos de negro, armados y encapuchados; el vehículo era de color blanco y mostraba en las puertas el escudo de la entonces “policía acreditable”, la misma que participó en el secuestro. A pesar de que el funesto hallazgo fue poco tiempo después de la desaparición forzada de los hermanos David Basilio y Diego Alonso, las autoridades no le entregaron a Guadalupe los restos sino hasta el siete de diciembre de 2021, siete años después del crimen.
La tragedia de María Guadalupe Pérez Rodríguez la viven decenas de miles de familias mexicanas sin que haya resultados favorables, ni para evitar los secuestros, ni para encontrar vivas o muertas a las víctimas. La desaparición forzada en México revela un nivel de complicidad, criminalidad, corrupción e indiferencia endémicas, tanto de autoridades como de la sociedad. Se explica lo anterior porque el delito se mantiene vigente, continúan desapareciendo personas sin dejar aparentemente rastro frente a las corporaciones policíacas. “Parecería que los criminales tienen mejor estrategia de inteligencia que las policías”, desliza María Guadalupe, quien, al igual que otras madres de desaparecidos, investigadores forenses y periodistas de estos crímenes, ha sido vigilada por los delincuentes, cuando se esperaría que el gobierno indagara sobre los criminales.
En 2016 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 4 mil 747 desapariciones durante aquel año, que significa el secuestro de al menos una persona cada dos horas. Para el 2018 la situación resultó más crítica, ya que se tiene un promedio de 7 mil 600 personas desaparecidas por año desde entonces y hasta el 2021, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación.
En la primera mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador el número de víctimas es de 22 mil 946 personas. En términos históricos desde el 5 de enero de 1964 al 29 de julio de 2021 se cuentan 81 mil 617 personas desaparecidas y 8 mil 417 no localizadas (esta clasificación supone un origen delictivo o no, de la ausencia: de la persona no localizada se desconoce su ubicación y de la persona desaparecida se presume que fue víctima de un delito). En total 90 mil 034 personas no han regresado a casa.
Referirse a las víctimas de secuestro con cifras es ofensivo, es injusto, pero además alejado de la realidad porque son aún más las personas secuestradas, calificó por su parte Silvia Élida Ortiz Solís, madre de Fanny, desaparecida en 2004 en la ciudad de Torreón, Coahuila; de acuerdo con el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, conglomerado de 70 asociaciones y colectivos enfocados en el tema, “únicamente se denuncian 2 de cada 10 secuestros”.
El caso de Silvia y su hija Fany, es de los más emblemáticos porque Silvia, como centenas de familiares, fundaron o se sumaron a colectivos para realizar el trabajo que no ejecutan las policías: buscar a sus familiares, sin descanso.
LA DESAPARICIÓN FORZADA, UNA POLÍTICA SISTEMÁTICA
Óscar Daniel Rodríguez Fuentes investigador de la Facultad de Jurisprudencia en Saltillo, Coahuila, afirma que desde los sesenta y setenta del siglo pasado “la desaparición como violación grave a los derechos humanos ha sido una práctica constante en México”, lo que ha cambiado es solamente el perfil de los desaparecidos, la forma de operar y las motivaciones. En su trabajo Historia de la desaparición en México: perfiles, modus y motivaciones reconoce que el fenómeno continúa reproduciéndose a pesar de los discursos oficiales, sólo que los motivos han cambiado: en la segunda mitad del siglo XX en México las razones de las desapariciones eran políticas; en la actualidad tienen su origen en el crimen organizado que sostiene el trasiego de droga y la trata de personas.
“Quizá el caso más mediatizado es, actualmente, el de Ayotzinapa, una desaparición colectiva de 43 estudiantes en el sureño estado de Guerrero”, escribió el doctor Rodríguez Fuentes, quien ofrece una referencia histórica sobre el fenómeno: “En el siglo XX la desaparición forzada fue practicada habitualmente por los regímenes totalitarios, como el Nacional Socialista, para infundir terror tanto en Alemania como en los otros países sometidos por el Tercer Reich”. Entonces el Comando Supremo del Ejército Alemán aplicaba la táctica conocida como Noche y Niebla con la cual desapareció a siete mil personas opositoras al régimen.
Stalin en la Unión Soviética hizo lo mismo en los países del este de Europa durante la guerra fría. En Argelia y Vietnam se intensificó la detención, interrogatorio, tortura y desaparición dando comienzo a la guerra sucia que posteriormente se extendería por América.
“Durante la década de 1970 se inició la Operación Cóndor, que fue un plan coordinado por los gobiernos militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay con la finalidad de detener, intercambiar y, eventualmente, eliminar a opositores políticos”, de acuerdo al reporte de Amnistía Internacional en 2013.
Según Rodríguez Fuentes la desaparición como una política de represión estatal en México comenzó en Guerrero, “cuando el gobierno dominado por el Partido Revolucionario Institucional perseguía a los opositores de izquierda del Partido de los Pobres; una organización de campesinos que estaban hartos de los abusos de los caciques locales, quienes permitían la tala excesiva de los bosques guerrerenses, y cuyo principal centro de actividades era el municipio de Atoyac de Álvarez”.
1968 es otro capítulo emblemático de desapariciones forzadas en nuestro país. De junio a octubre los estudiantes protestaron contra las agresiones violentas provocadas por los policías, y como respuesta del gobierno de Díaz Ordaz se orquestó la masacre. “En esta época, las principales víctimas de la desaparición fueron las personas jóvenes. Según los datos del Comité Eureka en 1974 hubo casi 200 desapariciones de las cuales la mayoría eran estudiantes”, reseñó Rodríguez Fuentes en su estudio histórico.
A finales de los setenta el motivo político de las desapariciones se transformó para convertirse en un método de castigo aplicado a los comunistas, narcotraficantes o enemigos políticos, “la práctica se había generalizado ya no sólo en el aspecto territorial sino en el de las características de las víctimas”, continúa el investigador coahuilense, destacando la diversificación de las agrupaciones o instituciones que practican el secuestro: “En un principio habían sido sólo el ejército y el CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), pero durante los ochenta se sumarían las brigadas blancas (grupos al servicio del Estado que actuaban extralegalmente), las policías federales y estatales e incluso autoridades municipales”.
Después comenzó la guerra contra el narco declarada por Felipe Calderón Hinojosa la que arrojó un saldo de 22 mil personas desaparecidas y dentro de este contexto los grupos criminales protagonizaron desde entonces los conocidos “levantones”, una variante del secuestro “cada vez más frecuente en el norte del país”.
Para Óscar Daniel Rodríguez Fuentes “El Estado es el maestro del crimen, fue de él de quien las organizaciones criminales actuales aprendieron y pusieron en práctica esta nueva estrategia de terror”.
LAS POLICÍAS EN EL FOCO DEL CRIMEN
“Hace siete años uno de mis hijos, Diego Alonso, trabajaba en un centro de salud del IMSS. Era 8 de diciembre de 2014, en ese entonces estaba algo frío y mi otro hijo me pidió el carro para recoger a su hermano y al ir a recogerlo se trasladaron a comprar una pizza y al regreso fue cuando los interceptaron fuerzas armadas; en aquel entonces andaban autoridades vestidas de negro, con capuchas y pues… los levantaron. Al día siguiente, como iban en mi carro, lo reconocí, estaba abandonado en la zona de tolerancia; los agentes se dieron cuenta de que estaba quemado con restos humanos adentro, pero en ese momento no se pudieron identificar. Fue al siguiente día del secuestro cuando los encontraron. Me llaman a mí para ver si podía identificarlos, pero realmente no se podía y… pues, se levantó el acta circunstanciada porque no me los quisieron poner como desaparecidos. Fue hasta el año siguiente, hasta marzo, que me aceptaron la denuncia como desaparecidos”, relata María Guadalupe Pérez Rodríguez en torno a la desaparición y asesinato de dos de sus hijos y posteriormente el calvario que vivió para recuperar sus cuerpos, porque en este crimen, como revela el investigador Óscar Daniel, son las propias autoridades las ejecutoras del delito.
La tragedia de María Guadalupe comenzó cuando le robaron el automóvil a su hijo Diego Alonso, presentó la denuncia ante el agente del Ministerio Público (MP) en Piedras Negras, Coahuila (del cual se reserva el nombre porque está en investigación) quien no actuó para resolver el robo. “Yo hice la averiguación sobre dónde estaba el carro, quién lo había comprado, mi hijo le presentó toda la información y el agente del MP le dio los documentos a la persona que había comprado el carro. Mi hijo denunció al MP ante su jefe superior inmediato y no hicieron nada. La denuncia fue un jueves y al siguiente lunes los levantaron”. La proximidad en el tiempo sin duda genera una línea de investigación enfocada en la participación del agente ministerial en el secuestro, porque además amenazó de muerte a Diego.
– Me dice que fueron fuerzas armadas –le pregunta el reportero vía telefónica a María Guadalupe– ¿Cómo confirma esa aseveración?
– Eran del municipio de Piedras Negras, en aquel entonces se les llamaban acreditables y por qué sustento esta versión, porque cuando los levantaron y se los llevaron, también se llevaron a mi nuera y a mi nieta y ellas pues gracias al creador o a la fuerza divina como quiera llamarle, a ellas las soltaron en las afueras de Piedras Negras. En aquel momento me las amenazaron, dijeron que si ellas hablaban o decían algo les iba a pasar lo mismo que a mis hijos, por ese motivo no quisieron declarar, pero ellas manifiestan que fueron autoridades de aquí, policías municipales acreditables. Esas personas pasaron a ser los GATES (Grupo de Armas y Tácticas Especiales) y se han ido cambiando pero son las mismas personas.
“Estaban encapuchados, pero ellas dijeron que eran camionetas negras, algunas sin logotipos y otras sí, entre aquellas una camioneta blanca que traía un logotipo en la puerta y después que andábamos haciendo denuncias una de ellas me dijo: mire, esa es la camioneta que usaron para llevarse a los muchachos”.
Era de esperarse que, cuando se descubrió el automóvil con los cuerpos incinerados, no se realizara el debido proceso de identificación como la toma de muestras de ADN; lo anterior impidió que María Guadalupe recibiera los restos de sus hijos. Entonces solicitó apoyo de la agrupación Familias Unidas en la Búsqueda y Desaparición de Piedras Negras, uno de los 70 colectivos en México. Se presionó a la autoridad la cual contrató mediante asignación directa “por una circunstancia extraordinaria e imprevista” al laboratorio Central ADN, actualmente en el ojo del huracán al ser descubierta una operación fraudulenta de aquella empresa integrada por ex funcionarios federales, entre ellos el primer Comisionado Nacional de Búsqueda, Roberto Cabrera Alfaro. El contrato fue firmado en 2016 por quien fuera procurador de justicia de Coahuila Homero Ramos Gloria. En aquél se justifica la contratación por adjudicación directa argumentando que el laboratorio “ofrece las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad”. Se estableció por un año, del uno de noviembre de 2016 al 30 de noviembre del año siguiente, por un monto de un millón 292 mil pesos; el laboratorio se comprometía a extraer ADN mediante diversas metodologías de sangre líquida en papel y de células.
Tres años después de la muerte de Diego y David se practicaron los análisis de ADN, pero a María Guadalupe no le convencieron los resultados. Fue cuando solicitaron la intervención del equipo argentino de antropología forense el cual “antes de que empezara la pandemia empezó a realizar los exámenes y hasta el sábado 7 de diciembre de 2021 fue cuando se confirmó”, primero, que sí se trataba de sus hijos y, segundo, cuáles eran los restos de Diego Alonso y cuáles los de David Basilio.
VISIÓN INTERNACIONAL
La mirada de organismos internacionales está puesta en este fenómenos nacional, sin embargo por más que se hagan señalamientos, tanto la Organización de las Naciones Unidas como Human Rights Watch, sólo pueden hacer observaciones al gobierno mexicano, reconocen las representantes de los colectivos de familias desaparecidas.
Las recomendaciones internacionales por lo menos abonan a la presión hacia las instituciones mexicanas, con el propósito de que realicen su trabajo.
Así, Human Rights Watch confirma que: “Es habitual que agentes del Ministerio Público y policías no realicen siquiera las tareas investigativas básicas para identificar a los responsables de desapariciones forzadas; frecuentemente, indicando a familiares de desaparecidos que investiguen por su cuenta”, asienta su informe mundial de 2021, en el que se ratifica la estadística de más de 7 mil personas desaparecidas violentamente en 2019; lo peor es que ese año la Fiscalía General de la República solamente abrió carpetas de 351 casos y procesó penalmente únicamente dos casos.
Y aunque la comisionada nacional de búsqueda reconoció que aún había más de 26 mil cuerpos sin reconocer, eso no hizo la diferencia para acelerar los trabajos, evitar las desapariciones forzadas y hacer justicia.
Por su parte el Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas señaló el 26 de noviembre pasado que el gobierno mexicano incumplía las recomendaciones internacionales para prevenir este delito.
Tuvieron que pasar ocho años para que el gobierno mexicano aceptara la visita de aquel comité internacional, en noviembre de 2021 se dio el arribo de una delegación de cuatro integrantes que visitaron 13 estados mexicanos donde se concretaron 48 reuniones con autoridades de los tres niveles de gobierno y 33 encuentros con familiares de víctimas.
Carmen Villa, presidenta del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU acusó en un informe posterior la inacción gubernamental: “Observamos con preocupación que varias de las recomendaciones hechas por el Comité a México en 2015 y 2018 aún están pendientes de implementación. Se trata de una impunidad estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas”, destacó la representante internacional y fue más allá en el reporte público:
“Lamento constatar que se mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio del Estado, frente a la cual, tal y como venimos señalando desde 2015, impera la impunidad y la revictimización”, señaló Carmen Villa, quien lamentó las reducidas cifras de denuncias, de órdenes de aprehensión y la desatención de las causas profundas que dan origen a las desapariciones forzadas. También destacó el aumento en el secuestro de niños, adolescentes y mujeres.
El Comité de la ONU además recibió información “preocupante sobre la existencia de desapariciones forzadas en las que hubo connivencia entre autoridades y el crimen organizado, o incluso desapariciones forzadas cometidas directamente por agentes del Estado; se trata de autoridades tanto del nivel municipal, estatal como federal”.
La sociedad mexicana está superada por el fenómeno de la desaparición forzada y aunque se tienen registros desde finales del siglo pasado, la ONU ubica el crecimiento de la crisis en 2007 cuando estalló la guerra contra el narco.
“Según datos oficiales, actualmente hay 95,121 personas desaparecidas en México. De esta cifra, casi 100 personas desaparecieron durante la visita del Comité. De esta manera, México ocupa el segundo lugar, después de Irak, como el país con mayor número de desapariciones forzadas”, resume el comunicado de la organización internacional después de su visita a este país.
Conforme se continúa escribiendo este reportaje, las cifras varían al alza debido a la actualización constante, porque como se ha escrito, las desapariciones forzadas no se detienen en México.
LOS NN
En latín Nomen nescio significa “desconozco el nombre”; se ha abreviado la expresión con la doble N impresa en una etiqueta que se coloca a los restos de personas que no han sido identificadas. Las causas del desconocimiento de la identidad pueden ser variadas: personas que no tenían familiares, enfermos psiquiátricos, indigentes, migrantes extranjeros o víctimas de desapariciones forzadas de quienes se ha impedido a sus familiares reconocerlas.
Los restos de los NN se inhuman en fosas comunes que se cavan en los pasillos de los panteones, y ahí permanecen hasta que se pulverizan o momifican, a menos que haya una irregularidad en el registro y por ende la exigencia de afectados para desenterrar los restos para repetir el proceso de identificación.
Y sí existen anomalías, cientos de ellas, al omitirse procesos necesarios de registro, lo detectaron los colectivos de familias de desaparecidos. De los cadáveres que llegan a la morgue o no se tomaban fotografías, tampoco huellas dactilares y también en diversas ocasiones no se permitía la identificación de los cadáveres por parte de familiares de desaparecidos.
La omisión perniciosa obligó al gobierno de Coahuila a aceptar la exhumación masiva en diversos panteones del estado para obtener pruebas de ADN y contrastarlas con familiares en vida para intentar vincular a las personas.
El 8 de marzo de 2021 fue la primera exhumación masiva en el panteón municipal número dos de la ciudad de Torreón. Decenas de colectivos, reporteros, funcionarios estatales e investigadores forenses de Guatemala (quienes continúan apoyando en el análisis de las muestras de ADN) estuvieron presentes en este ejercicio que intenta regresar a casa a los desaparecidos.
Entre las expresiones de los colaboradores internaciones destacaba el hecho de que fueran los propios familiares quienes realizan las funciones inherentes a la autoridad; así como el contraste del discurso oficial que subrayaba el “compromiso” del gobierno para enmendar los errores en los procesos de identificación de cadáveres.
“Un dato relevante en las acciones para superar la crisis forense que enfrenta el país y garantizar la identificación de los cuerpos recuperados, es el proceso sin precedente que representa la exhumación masiva realizada durante marzo en la fosa común del Panteón 2 de Torreón, Coahuila”, escribió para El Universal el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas.
El plan de las exhumaciones masivas consistió en recuperar de las fosas comunes los restos enterrados entre el 2003 al 6 de marzo de 2021 en panteones de Saltillo, Matamoros y Torreón, Coahuila; posteriormente se trasladaron al Centro Regional de Identificación Humana en Saltillo, donde se resguardan. Las tomas de ADN se envían a laboratorios del equipo médico forense de Guatemala por ser quienes tienen la tecnología y la experiencia. Desde entonces se esperan resultados.
Sólo en el panteón municipal dos de Torreón se recuperaron 148 cuerpos para su identificación, además se concretaron 168 entrevistas y se tomaron 342 muestras de referencia de ADN, desglosó el funcionario Encinas en una especie de informe de acciones.
La exhumación masiva en los diferentes panteones de Torreón, Matamoros y Saltillo arrojó la recuperación de 700 cuerpos o restos humanos, con un bajísimo registro de coincidencias al momento: sólo tres.
Los procesos son complejos y tardados, subrayó por su parte el Fiscal General de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, en entrevista con este reportero; habrá que añadir que, por otra parte, para que la identificación sea más efectiva, deberán obtenerse las muestras de ADN de familiares varones en primera línea, se ha comprobado en laboratorios que los resultados son más confiables de esta manera.
El análisis de las muestras continúa, con lentitud exasperante.
DESAPARICIÓN EN CARRETERA
En las carreteras se aprecia constante vigilancia de la Guardia Nacional, de las policías estatales y municipales, las cuales establecen filtros donde detienen a paseantes, les apuntan a los ojos con sus linternas, hacen preguntas incómodas por absurdas “¿de dónde viene a dónde va?”, los bajan del vehículo, verifican el número de serie del automóvil, revisan el maletero y en algunos casos buscan exasperar al conductor para tener motivos de detención. Los retenes, como se les conoce en México, no representan seguridad para los ciudadanos, por el contrario. Aún con retenes, los crímenes en carreteras continúan.
No se puede creer que las policías no capturen a los delincuentes cuando en sus informes aseguran conocer los lugares con mayores índices delictivos. Los gobiernos conocen las rutas de los criminales, los lugares por donde transitan, así lo reportan en entrevistas periodísticas, pero no hay resultados para frenar la delincuencia.
Por ejemplo, la carretera que comunica a Nuevo León con Tamaulipas es uno de estos territorios sin ley, identificado por las policías pero que a pesar de la alta incidencia de desapariciones, no actúa en consecuencia. “Entre los 219 kilómetros de esta autopista, una de las principales vías carreteras en el norte de México, al menos 53 personas han desaparecido este año, de acuerdo con un registro realizado por el Colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL). Cinco de las víctimas han sido localizadas con vida y un hombre, Gamaliel Madrigal Capistrán, fue asesinado. El número de desapariciones registradas por FUNDENL es mayor al que las autoridades de Nuevo León y Tamaulipas han querido reconocer”, escribió la periodista especializada en derechos humanos Mónica Cerbón para el proyecto A dónde van los desaparecidos.
“La documentación realizada por FUNDENL en este 2021 permite conocer el perfil de quienes han desaparecido a lo largo de esa carretera –continúa Cerbón–. De las 53 personas desaparecidas, alrededor de 30 son hombres en edad productiva, de entre 18 y 40 años; la mayoría son conductores de taxis o de camiones de carga. Hay registro de tres mujeres, entre ellas Michelle Cristina Durán, una niña de nueve años que viajaba con su mamá, Gladys Pérez, y su hermano, Juan Carlos González, de 16.” Gladys y sus hijos son estadunidenses, una semana después de su desaparición el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), emitió una ficha de búsqueda “eso dio visibilidad a los otros casos de desapariciones forzadas”, a pesar de ello, no se ha frenado esta ola de violencia.
El colectivo Todos Somos Uno, integrado por familiares de desaparecidos en aquella carretera, reporta por su parte ciento once casos de raptos desde el 2011, así como el hallazgo de 47 fosas clandestinas “muchas de ellas con cadáveres de pasajeros de autobuses o automovilistas detenidos en el municipio de San Fernando por integrantes de Los Zetas y policías municipales”.
Pero no se atrapa a los delincuentes, tampoco se atiende a las víctimas. Por la indiferencia de las autoridades hacia los familiares de desaparecidos, es que se optó por llevar los campos de exterminio hasta Palacio Nacional.
LOS CAMPOS DE EXTERMINIO
Los colectivos han recorrido palmo a palmo el territorio nacional en busca de sus familiares; durante ese trabajo han ubicado fosas clandestinas y campos de exterminio con decenas de miles de restos humanos, la mayoría de éstos calcinados. También han localizado pozos profundos que fueran aprovechados para extraer agua del subsuelo, donde arrojan a las víctimas de las desapariciones forzadas. Estos hallazgos los han hecho las familias, no así las policías.
Un rumor, un mensaje, una filtración es suficiente para que las madres, hermanos, tías y demás parientes tomen las palas, suban a los camiones y viajen a las zonas rurales en busca de los sitios donde fueron asesinadas y quemadas las personas secuestradas, con la esperanza de encontrar a su pariente.
Y esta labor la desconocen las autoridades. O voltean hacia otro lado. Por este motivo al comienzo de diciembre de 2021 familiares de desaparecidos recrearon en el Zócalo de la Ciudad de México, frente a Palacio Nacional, las fosas clandestinas.
“Unos 15 colectivos de búsqueda llevaron montículos de tierra para recrear las fosas de los desaparecidos en las que colocaron imágenes de sus seres queridos mientras el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ofrecía su rueda de prensa diaria en el Palacio Nacional”, reseñó el periódico El País de España. Y es que, “Si Andrés Manuel no va a las fosas, las fosas vienen a él”, repetían los colectivos durante el montaje.
En Guanajuato y el resto del bajío mexicano han localizado por lo menos 170 fosas clandestinas sin tener alguna respuesta de las autoridades para comenzar con las investigaciones pertinentes. “Estas son las fosas que muestran la ausencia del Estado, no son del pasado. No es cosa de colores (partidos) o gobiernos. ¡Buscamos justicia! No queremos enterrarlos, queremos abrazarlos”, fueron las consignas registradas por el diario español.
La impunidad persiste, así como la inacción gubernamental, pese a que la presión de los colectivos y de las organizaciones internacionales es constante. “Llegamos nosotras con la dignidad entera como prueba fehaciente de que las desapariciones sí existen en Guanajuato y en el país, que no sólo existen, sino que son sistemáticas y generalizadas”, señalaron los colectivos en aquel momento.
En el sexenio de López Obrador, dice por su parte Silvia Ortiz del colectivo Víctimas por sus Derechos en Acción, se confirma un retroceso en la estrategia de búsqueda de personas desaparecidas. Se han restringido los apoyos económicos y también se han establecidos normas administrativas absurdas, como solicitar facturas para comprobar los gastos que se realizan durante las labores de prospección en los campos de exterminio. Esos desembolsos corresponden a la compra de agua, de comida o medicamentos en tienditas de rancherías donde no se expiden facturas.
Asimismo las madres y padres de desaparecidos tienen que viajar constantemente a la ciudad de México para revisar expedientes porque no hay alternativas de que puedan desarrollar las investigaciones en los lugares de origen, eso representa un gasto excesivo.
En el fenómeno de las desapariciones forzadas en México no se vislumbra un cambio inmediato para detener la ola de secuestros, por el contrario. La tendencia que se tenía de una persona desaparecida cada dos horas, se redujo en cuanto al tiempo: ahora una persona desaparece cada hora con veinte minutos.
A pesar de ello, las madres, principalmente ellas, no cejan en la búsqueda de sus familiares.
A María Guadalupe le entregaron los restos de sus hijos después de siete años, esto no significa el final de su historia. Aunque sigue recibiendo amenazas, continúa con la investigación del crimen hasta dar con los culpables; no sólo eso, mantiene el apoyo a las familias de desaparecidos, las asesora, las acompaña durante el calvario que se padece en las oficinas gubernamentales, porque solamente quienes han vivido el dolor tienen la empatía necesaria para solidarizarse con las familias de desaparecidos. “”Vivos se los llevaron y vivos los queremos. ¿Y por qué los buscamos? Porque los amamos” es la consigna que no se diluirá con el desdén del gobierno.
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