Esconder la censura digital
Reportaje

Esconder la censura digital

¿Reforma o un golpe a la libertad de expresión?

El aspecto predominante en los acuerdos comerciales entre países, en estos tiempos, es la estandarización de los marcos regulatorios para acrecentar el control de mercado de las grandes corporaciones, especialmente las norteamericanas. En el pasado quedó soterrado el propósito del libre comercio y la posibilidad de abrir nuevos mercados a los productos; en la actualidad la discusión se da en torno a la propiedad intelectual, y ésta la detentan en su mayoría los consorcios de la industria farmacéutica, del entretenimiento y las telecomunicaciones, las cuales han inhibido la competencia, base de la economía de mercado.

El control de las patentes y derechos de autor es un gran recurso para quienes concentran las prerrogativas: “Estados Unidos recibió más de 17 mil millones de dólares por derechos de autor y de licencia de parte de los países en vías de desarrollo en 2016”, confirmó el premio Nobel de Economía en 2001, Joseph Eugene Stiglitz, quien se ha convertido en un crítico de la política económica de Donald Trump y de la ruta que están tomando los acuerdos entre naciones.

En este contexto de tratados comerciales entre México y Estados Unidos, las legislaciones se están modificando para favorecer a los grandes consorcios norteamericanos más que a los consumidores de ambos países, a quienes se les arrebata la riqueza para incrementar la de los monopolios trasnacionales. Contrario al discurso del presidente estadunidense Donal Trump, no es México quien ha sacado ventaja de los acuerdos, han sido las compañías de su país las más beneficiadas debido al poder de mercado que detentan; este poder que invade las esferas políticas y sociales, opera sin escrúpulos en la economía norteamericana de tal forma que frena el crecimiento de los salarios así como el desarrollo de su nación, inhibe la innovación y reduce el empleo, revela el economista laureado.

En Estados Unidos las firmas de entretenimiento, telecomunicaciones y de medicamentos están creando oligopolios transfronterizos que impiden el crecimiento de empresas emergentes que pudieran competir por un pedazo de mercado. En gran medida su encumbramiento obedece a la concentración de la propiedad intelectual y a los derechos de autor, que les permite manipular los precios sin tener un contrapeso que les regule.

Los derechos de autor han resultado más un mecanismo de control sobre el mercado que una garantía para los autores de obras artísticas, de fórmulas químicas o desarrollos tecnológicos.

Las grandes firmas impiden el crecimiento de la posible competencia. Foto: economist.com

La propiedad intelectual, afirma el Nobel de Economía, desalienta la innovación por la forma en que se manipulan los derechos. “Las corporaciones han presionado con éxito para que se introduzcan cambios en los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI), otorgándoles un poder de mercado creciente, tan grande que ahora se ha vuelto incluso dudoso si el régimen estadunidense de DPI estimula o más bien reprime la innovación”, escribe Joseph Stiglitz en su libro reciente Capitalismo progresista, la respuesta a la era del malestar, donde recuerda el ejemplo de duración más prolongada del derecho de autor, modificación a la ley que fue bautizada como “Mickey Mouse” por el apoyo que recibió de Disney: La Ley de Extensión del Copyright de 1998 amplió el derecho a setenta años después de la muerte del autor de la obra, sin que se haya generado un beneficio para la sociedad, “y sí implicó costos considerables para el libre flujo del conocimiento”, aseveró Stiglitz.

El control sobre el mercado ha generado monopolios en Estados Unidos que se ejemplifican con los siguientes datos: tres empresas tienen un 89 por ciento del mercado en sitios de redes sociales; en el caso de las tarjetas de crédito, las firmas Visa, MasterCard y American Express dominan el mercado de tal forma que ellas fijan las comisiones a los usuarios. Asimismo, Google, Facebook y Amazon son otras tres organizaciones con tal poder que incluso han conspirado para deprimir el progreso de sus trabajadores: “… muchas de nuestras empresas de vanguardia se han coludido, habitualmente en secreto, para mantener los salarios bajos; y sólo mediante litigios estas fechorías han salido a la luz. Con Steve Jobs, Apple se reunió con Google, Intel y Adobe para acordar no levantarse los empleados entre ellas (no intercambiar colaboradores), esto es, se pusieron de acuerdo en no competir”, se lee en el libro Capitalismo progresista.

El complot de quien se ha considerado un icono del emprendimiento y la innovación fue público por la demanda interpuesta por los trabajadores afectados bajo el argumento de conspiración contraria a la libre competencia, “ésta se resolvió por una cifra de 415 millones de dólares”.

Las sanciones no detienen a los gigantes tecnológicos, los cuales buscan alternativas para mantener el control de mercado en su país de origen y en otras naciones.

Entre las estrategias para encumbrarse están las fusiones empresariales. Facebook adquirió en 2012 por mil millones de dólares a la red social Instagram, lo mismo hizo con WhatsApp por la que pagó alrededor de 22 mil millones de dólares en 2015. Con estas fusiones no hay quien pueda o tenga los recursos suficientes para competir en el mercado y con ello brindar alternativas al consumidor.

Foto: EFE

En los casos mexicanos se recuerda el de Telmex, empresa paraestatal que fue privatizada en 1990 en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), que contó con un marco regulatorio desalentador para la competencia. “Se le permitió a Telmex exclusividad solamente en larga distancia nacional e internacional para realinear esas tarifas, aunque desde el arranque se precisó que esos mercados se abrirían a la competencia a partir de 1997”, escribió el propio ex presidente a cargo de la privatización (El Financiero, 15 de diciembre de 2014). No fueron sólo siete años de protección a la empresa de telefonía, tuvieron que pasar dos décadas para que la competencia tuviese una presencia real en México, tiempo que aprovechó Slim para capitalizarse hasta llegar a ser el hombre más rico del mundo.

En el mercado del ahorro para el retiro, tres firmas (Coppel, Azteca y Citibanamex) poseen el 80 por ciento de las cuentas registradas hasta marzo de este año (Siglo Nuevo, edición 362). Con ello contienen a la baja los rendimientos a los beneficiarios, quienes no cuentan con alternativas reales que le compitan a aquellas tres compañías.

En el marco del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (el T-MEC), es evidente la mano de las corporaciones en la modificación y homologación de las leyes, entre ellas las reformas a la Ley de Derechos de Autor y el Código Penal Federal de México.

DÉBILES ALIADOS DE LOS CONSUMIDORES

Desde mi punto de vista como jefe de economía del Banco Mundial, era obvio que las reglas del juego global estaban sesgadas, no en contra, sino a favor de Estados Unidos y otros países avanzados, a expensas de aquellos en desarrollo. Los acuerdos comerciales eran injustos en beneficio de Estados Unidos y Europa, y en detrimento de los países en vías de desarrollo”, declaró Stiglitz en su libro.

Joseph E. Stiglitz es profesor del Departamento de Economía de la Escuela de Graduados, Artes y Ciencias de Columbia; en 2001 obtuvo el Nobel de Economía, antes sirvió al Banco Mundial como jefe de economía y como vicepresidente del departamento de desarrollo económico. También es profesor en las universidades de Standford, Princeton, Yale y Oxford, entre muchas más actividades relacionadas. Él, junto con Jason Furman, quien fuera asesor de la política económica de la Casa Blanca, demandó ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos por la vía civil, a Microsoft Corporation por prácticas monopólicas. “Las consecuencias potenciales del poder de mercado que hoy ejercen los nuevos gigantes tecnológicos son mayores y más perniciosas que todo cuanto ocurrió al sobrevenir el siglo XX. Por entonces, el poder de mercado de compañías como Swift, Estándar Oil, American Tobacco, American Sugar Refining Company o US Steel, les permitió subir el precio que cobraban por los alimentos, el acero, el tabaco, el azúcar y el petróleo, respectivamente. Ahora se trata de algo más que del precio”, aseguró el también exasesor económico del presidente Bill Clinton.

Joseph E. Stiglitz. Foto: El Universal

El poder de empresas como Facebook ha hecho que los gobiernos sean endebles instituciones incapaces de proteger los datos de los usuarios. La popular aplicación manipula la información personal de los cibernautas a niveles inimaginables; con el complemento de la Inteligencia Artificial y el big data (información abundante y actualizada sobre empresas o individuos), Facebook capitaliza comercialmente las preferencias de las personas para maximizar sus ganancias y también los aprovecha con fines electorales, como ocurrió con el capítulo de Cambridge Analytica cuando se manipuló al electorado estadounidense. “Tanto la teoría como la historia económicas nos indican que un monopolio atrincherado cuenta con menos incentivos para innovar. Dedicará, en cambio, una mayor parte de sus energías a asegurar que su poder de mercado se amplíe y refuerce, y no a imaginar cómo podría servir mejor a otros” (Capitalismo progresista… p. 179).

Bajo la hegemonía de los colosos tecnológicos el gobierno de Estados Unidos está exigiendo a otras naciones que adopten los estándares estadunidenses en cuanto a las regulaciones; el gobierno de Norteamérica está definiendo la propiedad de los datos y regulando la forma de usarlos, y el de México le sigue el ritmo teniendo como uno de los fundamentos el combate a la piratería.

EN MÉXICO NO ÉRAMOS PIRATAS…

Los mexicanos pretenden, en su mayoría, disfrutar de la vida sin olvidarse de sus responsabilidades. Es una de las revelaciones de la Encuesta nacional sobre hábitos de consumo de piratería, elaborada en noviembre de 2019 por la agencia particular NODO Investigación Estratégica. El despacho aplicó encuestas en los niveles socioeconómicos C/C- y C+, que tienen como rasgo el contar con un automóvil por lo menos y cuyas familias (entre el 93 y 52 por ciento de ellas) tienen acceso a internet fijo en sus hogares.

En las respuestas se asienta la aspiración por crecer profesionalmente, el contar con una casa y vehículo propios, así como un negocio próspero. Los mexicanos anhelan salir de vacaciones, conocer muchos lugares y ver a sus hijos convertidos en profesionistas ejerciendo su carrera. Estas ambiciones podrían resumir el perfil del mexicano promedio, sin embargo todo ello se frustra frente al elevado costo de las cosas, el bajo sueldo que se percibe y la falta de oportunidades de trabajo. Lo que se gana trabajando durante más de ocho horas diarias sólo alcanza para cubrir aspectos prioritarios como la salud, la alimentación y la escuela.

Tenemos que buscar la manera de hacer algo, por ejemplo, empezar a ahorrar desde ahorita para comprar el próximo año una pantalla” es una de las tantas respuestas que dieron los encuestados en el 2019 respecto a las condiciones económicas en que vivían. “Todo está muy caro y tenemos prioridades, buscamos opciones más económicas para que todos los hijos tengan, por ejemplo, unos tenis”, fue la respuesta frecuente entre los adultos.

La adversidad económica en México anima al consumo de artículos pirata. Foto: EFE Quezon City

La adversidad económica de las familias mexicanas encuentra una puerta de salida por lo menos para acercarse a los anhelos antes señalados, en la adquisición de artículos calificados como clon, imitación, falsos o, como popularmente se conocen, “productos pirata”. “El cargador del Samsung lo he comprado dos veces por emergencia (el pirata), pero no sirve; no es caro, 20 pesos, por eso te arriesgas”, es la lógica para navegar por el mar de la informalidad.

Los productos pirata son la alternativa económica para obtener artículos de diversa índole y están al alcance de toda la población. En cualquier esquina se pueden encontrar películas, discos compactos, memorias externas, audífonos con precios al alcance de quienes perciben el salario mínimo. “Los entrevistados coinciden en que lo que origina la adquisición de productos pirata es la mala economía de las personas, sumado a lo costoso de los productos originales, sin olvidar que las autoridades lo han permitido”, interpreta el despacho responsable de la encuesta.

Entre los motivos para obtener productos pirata, además de la accesibilidad, la disponibilidad y la apariencia física, resalta la necesidad de contar con refacciones o herramientas de trabajo como los programas computacionales para diseñar, editar, realizar cálculos contables y escribir; aunque también están presentes las sensaciones de triunfo e inteligencia al adquirir artículos apócrifos: “me salí con la mía” respondieron algunos encuestados.

El tema del consumo ilícito también está vinculado con la educación, pero no con la baja educación, sino con los estudios de educación media superior: los mayores consumidores de música pirata (cerca del 60 por ciento) tienen estudios de preparatoria o universidad; no sólo eso, sino que tienen un nivel socioeconómico A/B/C+, precisando que el nivel socioeconómico A/B está conformado en su mayoría por hogares en los que el jefe de familia tiene estudios profesionales o de posgrado, cuenta con Internet fijo en la vivienda, es el nivel que más invierte en educación y el que menor parte del sueldo dedica a los alimentos. En tanto el nivel C+ cuenta con al menos un vehículo para el transporte, tiene acceso a Internet fijo en la vivienda, poco menos de la tercera parte de su gasto lo dedica a la alimentación y un poco menos al transporte y comunicación.

Estos resultados ofrecidos también por el ITAM, demuestran que la piratería no es exclusiva de la clase media o media baja, también quienes tienen la capacidad económica de adquirir los programas computacionales acuden a la compra ilícita.

Foto: vice.com

PIRATAS EN TODOS LOS MARES

La piratería es fuente de delincuencia y corrupción, sin duda es una competencia desleal y fomenta el comercio informal controlado por las mafias, reconocieron los senadores mexicanos para justificar los cambios a las leyes respectivas.

México ocupa el primer lugar de América Latina en los delitos de piratería y contrabando. La piratería constituye el segundo delito más preocupante en el país solo por debajo del narcotráfico”, argumentó la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, para apuntalar su iniciativa que modificó el Código Penal Federal entre las reformas llevadas a cabo en el marco de la firma del Acuerdo Comercial con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC.

La piratería musical merma o acaba con los talentos de compositores, arreglistas, músicos, intérpretes e ingenieros de audio, sólo por citar algunos ejemplos, además de que inhibe la inversión en nuevos fonogramas”, asegura esta iniciativa presentada por Ricardo Monreal. El político se apoyó en la estadística del American Chamber of Commerce of México (2014), la cual revela que “el 53 por ciento de la población mexicana que utiliza Internet, reconoce haber descargado de manera ilegal y con una frecuencia significativamente alta, música, películas y/o series de televisión piratas; en el 50 por ciento de los casos lo hacen desde su casa”. Estas acciones, subraya en el texto de la iniciativa de ley, “desafortunadamente carecen actualmente de consecuencias legales”.

Ocurre algo similar con el uso de programas computacionales, ya que por lo menos el 49 por ciento de los software empleados en empresas y hogares es ilegal.

Los resultados de la Encuesta nacional sobre hábitos de consumo de piratería se dieron a conocer en noviembre del año pasado. Fue un estudio cualitativo buscando conocer la percepción que tiene la gente sobre lo que significa la piratería.

Los países donde más piratean los programas de computación son, en primer lugar, China, le siguen Rusia, Estados Unidos, India, Ucrania, Italia, Taiwán y Corea del Sur; en el noveno lugar está México, según los datos de Flexera Compliance Intelligence, empresa desarrolladora de software para detectar la piratería de este tipo. “A nivel mundial el 37 por ciento de los usuarios no paga por aquél, lo que se convierte en un problema de 46 billones de dólares”, calculó la firma; como alternativa para reducir el robo se plantea el endurecimiento de las leyes y las penas.

Foto: terceravia.mx

Desde el 2006 la subdirección de política exterior de la Cámara de Diputados federal comenzó a analizar la regulación jurídica de Internet en México. Reconocía de entrada que se trataba de un tema controvertido por ser la web un espacio donde se comparten gran cantidad de contenidos, “muchos de ellos considerados lícitos o ilícitos según la legislación internacional correspondiente”. La red, reconoció el congreso, dejó de ser de uso exclusivo de los militares, o de los académicos, para convertirse en una herramienta de comunicación de la sociedad, una herramienta sujeta a la autorregulación.

El Internet ha generado conductas delictivas, detectaron los legisladores. “El desarrollo tan amplio de las tecnologías informáticas ofrece un aspecto negativo: ha abierto la puerta a conductas antisociales y delictivas que se manifiestan en formas que hasta ahora no era posible imaginar. Los sistemas de computadoras ofrecen oportunidades nuevas y sumamente complicadas de infringir la ley”. Se comenten delitos tradicionales en formas no tradicionales, revela el estudio del congreso federal en que se basó para implantar reformas legales que han sido cuestionadas porque, entre líneas, se advierte un tufo de censura.

LOS PROVEEDORES DE INTERNET, POLICÍAS CIBERNÉTICOS

El primero de julio de este año, el Senado de la República Mexicana aprobó una serie de reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal; asimismo se creó la Ley de Infraestructura de la Calidad y se dejó sin vigor la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; en la misma sesión se publicaron los decretos para expedir la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y se invalidó la anterior Ley de la Propiedad Industrial; también se formalizó el Acuerdo en Materia de Cooperación Ambiental entre los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México, los países socios, todo ello obedeciendo a la disposición de estandarizar las leyes de las naciones involucradas en el acuerdo comercial.

Los cambios legales van al compás de lo establecido en el Capítulo 20 del T-MEC, donde refiere que “podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en este Capítulo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o afecten negativamente la transferencia internacional de tecnología”.

Se reconoció la necesidad de promover la innovación y la creatividad; facilitar la difusión de información, conocimiento, tecnología, cultura y las artes, y fomentar la competencia. Se agregó en el documento que “cada parte proporcionará en su territorio, a los nacionales de otra parte, protección y observancia adecuadas y efectivas de los derechos de propiedad intelectual, asegurando que las medidas para conservar a los derechos de propiedad intelectual no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo”.

Foto: visme.co

En el acuerdo comercial se determina la conformación de un Comité de Derechos de Propiedad Intelectual que deberá “intercambiar información relativa a asuntos de derechos de propiedad intelectual” así como el intercambio de “información sobre cuestiones relacionadas con secretos industriales, incluyendo el valor de secretos industriales y la pérdida económica asociada con la apropiación indebida” de éstos. Es decir, no habrá secretos.

Se pide la cooperación de los países involucrados para facilitar el trabajo de búsqueda de patentes, incluso para “poner a disposición de las oficinas de patentes de las otras partes, los resultados, búsqueda y examen”, así como el intercambio de información. Estas disposiciones refuerzan el planteamiento de Stiglitz respecto al interés por concentrar el mayor número de patentes o derechos con el fin de arrinconar a la competencia.

Además, algunas de las modificaciones son tomadas como contrarias a la libertad de expresión, así lo alertó el director de la organización defensora de los derechos digitales R3D, Luis Fernando García; en esto coinciden otras asociaciones civiles como Wikimedia y Artículo 19, las cuales expresaron que las reformas constituyen un gran retroceso para la libertad de expresión y un mecanismo extrajudicial de censura.

Uno de los ejemplos que se exhiben para referirse a la censura, es la autorización legal que tendrán los proveedores de Internet de retirar mensajes si los consideran violatorios a la ley de derechos de autor. Es el mecanismo conocido como “notificación y retirada” a través del cual podrán eliminar cualquier contenido, ya sean videos, memes, fotografías o audios.

No se estableció ningún tipo de salvaguarda. Se le dio demasiado peso al derecho de autor, pero ni la libertad de expresión es un derecho absoluto ni el derecho de autor es un derecho absoluto, tiene que prevalecer un equilibrio”, declaró el integrante de Artículo 19, Vladimir Cortés, responsable del programa de derechos digitales de esta ONG.

La modificación a la que se refieren los representantes de las ONG que presuntamente atenta contra la libertad de expresión, está especificada en el artículo 114 de la Ley de Derechos de Autor, donde dice que los proveedores de Internet están exonerados de algún castigo en caso de que se difundan contenidos sin la aprobación del autor y, por el contrario, podrán remover, retirar, eliminar o inhabilitar el acceso a materiales o contenidos que hayan sido compartidos sin el consentimiento del titular del derecho de autor.

Foto: rollingstone.com

Si retiran, inhabilitan o suspenden unilateralmente y de buena fe, el acceso a la publicación, la difusión, comunicación pública y/o la exhibición del material o contenido, para impedir la violación de las disposiciones legales aplicables o para cumplir las obligaciones derivadas de una relación contractual o jurídica, siempre que tomen medidas razonables para notificar a la persona cuyo material se remueva o inhabilite”, lo podrán hacer.

Los proveedores de la web podrán imponer una política para cancelar las cuentas de los infractores reincidentes, y deberá cooperar en la entrega de información “suficiente para identificar y localizar el material o contenido infractor”. Para delatar a la persona o cuenta que haya violentado las recientes disposiciones, el proveedor de Internet deberá dar aviso, en el que especificará el nombre del titular y medio de contacto para recibir notificaciones, identificación del contenido de la infracción reclamada, manifestar el interés o derecho con respecto a los derechos de autor y especificar los datos de la ubicación electrónica a la que se refiere la infracción reclamada. Se convertirá, de alguna manera, en persecutor de los usuarios que violenten la ley.

Existe la posibilidad de que el usuario, teniendo la razón, presente un “contra-aviso” en el que deberá demostrar la titularidad o autorización sobre el contenido que haya sido removido, pero esto implicará tiempo y dinero, señalan los representantes de los organismos defensores de los derechos de los usuarios de Internet.

La acción de los proveedores comenzará con una petición por quien detente los derechos de autor, porque los propios proveedores no están obligados a supervisar o monitorear sus sistemas o redes controladas u operadas por ellos para buscar activamente violaciones al derecho de autor, sin embargo, en otro de los párrafos de la Ley de Derechos de Autor, se indica que con base en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión “sí podrán realizar un monitoreo proactivo para la identificación de contenidos que atenten contra la dignidad humana, tengan por objeto anular o menoscabar derechos y libertades, así como aquellos que estimulen o hagan apología de la violencia o de algún delito”.

PENAS SEVERAS Y PERSECUSIÓN DE OFICIO

Las reformas al Código Penal Federal se muestran severas, como la modificación al artículo 427, donde se indica que será encarcelado hasta por seis años “quien distribuya, importe para su distribución, transmita, comunique o ponga a disposición del público copias de las obras, interpretaciones, ejecuciones o fonogramas, a sabiendas de que la información sobre gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización”.

Foto: thedailybeast.com

Para aplicar las sanciones, la autoridad correspondiente no requerirá de una denuncia, así aparece determinado en el Artículo 429 de este código que a la letra dice: “Los delitos previstos en este Título se perseguirán de oficio”.

En cuanto a la Ley de Derechos de Autor, las modificaciones fueron abundantes y se precisaron las acciones ilícitas.

Se actualizaron 21 artículos, entre ellos el 232, que complementa lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y refuerza el carácter persecutor de los proveedores de internet: se multará de mil hasta veinte mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, “al Proveedor de Servicios de Internet que no proporcione de manera expedita a la autoridad judicial o administrativa, previo requerimiento, la información que esté en su posesión y que identifique al presunto infractor, en los casos en que dicha información se requiera con el propósito de proteger o hacer cumplir el derecho de autor o los derechos conexos dentro de un procedimiento judicial o administrativo”, dice a la letra.

REGULACIÓN AL ESTILO DE ZUCKERBERG

En abril de 2019 el fundador y director de Facebook, Mark Zuckerberg, escribió sobre la responsabilidad de los gigantes tecnológicos respecto al uso de la información de sus usuarios. “Creo que necesitamos un rol más activo por parte de los gobiernos y reguladores. Al actualizar las reglas de Internet, podemos preservar lo mejor de éste (la libertad para que las personas se expresen y para que los emprendedores construyan cosas nuevas) mientras que también protegemos a la sociedad de mayores daños”, expresó durante su presentación pública de los cuatro puntos a observar: mayor cuidado en la publicación de contenido perjudicial, identificar si los anuncios que se publican tienen un interés político o están enfocados en elecciones gubernamentales; adoptar regulaciones para garantizar la protección de datos privados y, como cuarta propuesta para regular Internet, enfatizó en la portabilidad de datos. “Si compartes datos con un servicio, deberías poder moverlos a otro. Esto permite a las personas elegir y posibilita a los desarrolladores innovar y competir”, propuso.

Cuando se voltea a la realidad, las iniciativas de Zuckerberg son más un elemento distractor que una honesta posición: Facebook manipula la información personal, lucra con esos datos al entregarlos a otras empresas, como Cambridge Analytica para influir sobre la intención del voto en elecciones gubernamentales, como ocurrió en la campaña de Donald Trump. Y, cuando se revisan las modificaciones a las leyes, se confirma lo expuesto por Joseph Stiglitz: los gigantes tecnológicos están influyendo en las regulaciones para beneficiarse ellos y no a los consumidores, como debería ocurrir en una economía de libre mercado. Y más, con el cambio de las leyes mexicanas se está empoderando a los proveedores de Internet para convertirse en la figura de policía cibernética.

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